Autorización para publicar libros de medicina en España en el siglo XVI
La autorización para publicar libros de medicina en España en el siglo XVI era ecesaria la Licencia real y previamente la aprobación de un censor de la obra designado por el rey o por el Consejo del reino de Castilla.
La obligación de obtener una autorización o licencia real para imprimir libros en España comienza formalmente el 8 de julio de 1502, con la promulgación de la Pragmática de Toledo por los Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón).
Tras la llegada de la imprenta a la Península Ibérica en la década de 1470, la producción de libros creció rápidamente sin un control institucional sistemático. Con la Pragmática de 1502, la Corona estableció por primera vez un monopolio estatal sobre la censura previa y la regulación de la edición. Nadie podía imprimir ni vender libros en los reinos hispánicos (ni importar obras impresas en el extranjero) sin el examen previo y la licencia expresa concedida por la Real Corona o por las autoridades delegadas (presidentes de las Reales Audiencias, arzobispos u obispos).
Pragmática de Felipe II (1558): Endureció drásticamente el control. Se centralizó la potestad de otorgar licencias exclusivamente en el Consejo Real de Castilla y se fijaron penas severas (como la quema de ejemplares o confiscación de bienes) para las impresiones clandestinas. Tasa de los libros: Junto a la licencia de impresión, el Consejo fijaba la tasa (precio máximo de venta por pliego) para evitar la especulación.
Las licencias y privilegios reales obligatorios perduraron durante más de tres siglos hasta la implantación paulatina de la libertad de imprenta (iniciada con la Constitución de Cádiz de 1812 y consolidada hacia 1834) y la ulterior aparición de las primeras leyes de propiedad intelectual.
Imprimir o vender libros sin la debida licencia real en la España Moderna conllevaba castigos que evolucionaron desde la incautación de bienes y multas económicas en el siglo XVI temprano hasta la pena de muerte en el periodo de mayor rigor represivo.
La Pragmática de 1502 (Reyes Católicos). En la primera regulación de la imprenta, el castigo se centraba en la asfixia económica y profesional del infractor. Llevaba perdida e incautación de las obras: Destrucción o requisa inmediata de todos los ejemplares impresos o importados clandestinamente. Los libros incautados eran quemados públicamente en la plaza como escarmiento. El impresor, librero o importador debía pagar una sanción pecuniaria equivalente al valor total de la tirada o edición prohibida. Inhabilitación profesional: Pérdida definitiva del oficio o de la patente para regentar una imprenta o librería.
La Pragmática de Valladolid de 1558 (Felipe II). Ante la difusión de las ideas protestantes en Europa y los casos de contrabando editorial, Felipe II endureció los castigos al máximo exponente legal, convirtiendo el delito de impresión sin licencia en un crimen contra la Corona y la fe. Pena de muerte (pena capital): Se decretó la pena de muerte para autores, impresores e importadores que introdujeran o imprimieran libros sin la previa aprobación e informe favorable del Consejo Real de Castilla. Confiscación total de bienes: Pérdida de todo el patrimonio personal del infractor en favor de la Hacienda Real. Destrucción sistemática: Quema inmediata de la imprenta o de los útiles tipográficos con los que se cometió la infracción.
Paralelamente al control civil de la Corona, si el contenido del libro impreso sin licencia atentaba contra el dogma católico o la moral, el autor o impresor pasaba a la jurisdicción del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Penas del Santo Oficio: Dependiendo de la gravedad teológica del texto, las penas abarcaban desde el sambenito y el destierro, las galeras (fuerza de remo en las embarcaciones del rey), hasta la relajación al brazo secular (ejecución en la hoguera) si se trataba de un delito consumado de herejía reincidente.
El proceso para obtener la licencia de impresión en la España del siglo XVI (especialmente tras la Pragmática de 1558) era un trámite burocrático minucioso, lento y compuesto por varias fases obligatorias ante el Consejo Real de Castilla.
Presentación del manuscrito original. El autor o el impresor enviaba el manuscrito original a Madrid, acompañado de una solicitud formal dirigida al Consejo Real. El texto debía estar escrito de forma clara y sin enmiendas sospechosas.
Examen previo y censores (Aprobación). El Consejo no leía la obra directamente, sino que la remitía a uno o varios censores oficiales (generalmente teólogos, juristas, eruditos o catedráticos, según la temática de la obra). El censor analizaba el contenido para comprobar que no vulneraba el dogma católico, la moral pública, la autoridad regia ni las leyes del reino. Si el dictamen era favorable, el censor redactaba y firmaba la «Aprobación», un texto que posteriormente debía imprimirse al principio del libro.
Concesión de la Licencia Real y el Privilegio. Con el informe favorable, el Consejo otorgaba la Licencia de impresión. En muchos casos, junto con la licencia se concedía también el Privilegio Real (una suerte de patente de exclusividad de edición a favor del autor o impresor durante un periodo determinado, habitualmente de 5 a 10 años, prohibiendo a otros reimprimirlo).
Licencia de Felipe II de España para la publicación de la obra “Thesoro de la verdadera cirugía” de Bartolomé Hidalgo de Agüero. Año 1604.
La licencia real esta firmada por Luis de Salazar que firma esa Real Cédula o despacho real ejercía como escribano de Cámara o secretario de Su Majestad durante la etapa final del reinado de Felipe II (sirviendo también en el inicio del reinado de Felipe III).
La función de la firma «Por mandato del Rey». refleja el procedimiento burocrático de la Cancillería Real. La firma del monarca: El rey estampa de su propia mano el convencional «Yo el Rey» para validar la orden.
La suscripción del secretario/escribano: El secretario real u oficial de la escribanía de Cámara refrenda e da fe pública del mandato real («Por mandato de Su Majestad…»). Sin esta validación notarial del secretario habilitado, el documento no tenía validez jurídica ejecutiva. Documentado en cédulas, provisiones y correspondencia oficial extendidas en la década de 1590 (en el tramo final del reinado de Felipe II) y prolongado durante los primeros años del reinado de Felipe III.
La saga de los Salazar estuvo muy vinculada a la burocracia regia del siglo XVI. Estaba estrechamente emparentado con Juan Vázquez de Salazar (secretario del Consejo de Guerra y de la Cámara con Felipe II) y con el linaje fundado por Juan Vázquez de Molina (Secretario del Consejo de Estado de Carlos V y Felipe II).
Impresión de la obra y compaginación. Obtenida la autorización, se entregaba el manuscrito original al impresor. Éste componía las páginas e imprimía únicamente el cuerpo del texto, dejando las primeras hojas (los preliminares) en blanco, ya que no podían imprimirse hasta superar la última verificación. Una vez impresa la obra completa, el impresor enviaba al Consejo un ejemplar impreso junto con el manuscrito original firmado que sirvió de base.
Fijación de la Tasa. La Tasa, el precio oficial de venta al público, se calculaba a razón de un número determinado de maravedíes por cada pliego de papel que contuviera la obra.El documento de la Tasa establecía el precio máximo al que los libreros podían vender cada ejemplar.
En el ámbito específico de los libros de medicina, cirugía y farmacopeas (siglos XVI al XVIII), el dictamen o certificado emitido por una autoridad médica —generalmente un Protomédico del Rey, un censor examinado por el Real Tribunal del Protomedicato o un catedrático de Medicina— cumplía funciones de enorme calado técnico, científico y legal.
Era necesaria el Acta de aprobación de un censor médico de los textos médicos previo a la autorización del Rey. A diferencia del censor teólogo o jurista (que juzgaba la fe o la fidelidad a la Corona), el perito médico evaluaba la utilidad pública, la ortodoxia científica y la inocuidad práctica del texto.
Acta del censor Dionisio Daza Chacón de la obra Thesoro de la verdadera cirugía” de Bartolomé Hidalgo de Agüero. Año 1604.
Texto del acta
Censura del licenciado Dionisio Daça Chacón. Médico y cirujano de la Medicina del Rey Don Felipe II, Nuestro Señor.
Yo he visto este libro que Su Magestad me cometió de medicina y cirugía del Doctor Bartolomé Hidalgo de Agüero, Médico y cirujano, vecino de la ciudad de Sevilla, el cual libro es muy docto y de mucho trabajo, y así me parece le dé licencia para imprimirle, por la gran utilidad, y provecho que se seguirá a la Republica con su mucha erudición y experiencia. La cual tiene aprobada por doce Médicos y Cirujanos los mas doctos que residen en la dicha ciudad, a la cual experiencia se ha de atender más, que a los dichos de los Antiguos. Y así le doy esta firmada de mi nombre. Dada en Madrid, en 25 de marzo de 1596
Firma el Licenciado Dionisio Daça Chacón
La medicina moderna de la época estaba estrechamente ligada a la preparación de remedios y procedimientos quirúrgicos o sangrías. El certificado médico garantizaba que las fórmulas, dosis y remedios descritos en la obra no eran venenosos, peligrosos ni nocivos para los enfermos. Servía como un filtro sanitario obligatorio ante el temor de que se difundieran «recetas empíricas» o remedios de curanderos no probados (empíricos o charlatanes).
Para que el rey aprobará la licencia para la publicación era necesario tener el aval científico del censor médico certificaba la solidez doctrinal del autor dentro de la ciencia médica aceptada. Durante el siglo XVI y parte del XVII, verificaba que la obra respetara o interpretara correctamente la tradición clásica (Galeno, Hipócrates, Avicena) o las innovaciones anatómicas validadas (como las de Vesalio). En el siglo XVIII (con la Ilustración), el certificado pasó a valorar el rigor observacional, la precisión clínica y la utilidad práctica en hospitales y epidemias.
El certificado dejaba constancia de que el autor era un médico aprobado o cirujano romance/latino graduado con potestad legal para ejercer y escribir sobre la materia. Era habitual que en la propia aprobación se destacara el currículum, la experiencia en hospitales o los títulos del autor para infundir confianza en los lectores e impresores.
Requisito técnico para la Licencia del Consejo de Castilla
El Consejo Real de Castilla no tenía capacidad técnica para juzgar si un tratado sobre la sífilis, las fiebres o las preparaciones químicas era correcto. Por ello, delegaba el examen en el Protomedicato o en médicos de la Real Cámara. El certificado favorable del médico era la condición indispensable para que los oidores del Consejo otorgaran la Licencia de impresión. Sin esta aprobación experta, el trámite quedaba paralizado.
La censura previa ejercida tras las Pragmáticas de 1502 y 1558 tuvo un impacto muy particular y complejo sobre los libros de cirugía práctica y, de forma muy directa, sobre la figura del cirujano romance (aquel profesional que no poseía formación universitaria en latín ni el grado de bachiller/licenciado en Medicina, sino una formación gremial y empírica, expresándose y leyendo en lengua castellana).
Los censores del Consejo Real de Castilla y los examinares médicos tendían a ver con recelo los manuales de cirugía redactados en lengua vulgar (romance). El celo corporativo de la Medicina universitaria: Existía el temor de que la divulgación de técnicas quirúrgicas, amputaciones o suturas en castellano permitiera que personas sin formación académica (barberos, empíricos, sanadores ambulantes) practicaran intervenciones peligrosas sin la debida supervisión. El requisito de la utilidad y claridad: Para superar la aprobación, el autor de un tratado en romance debía justificar expresamente en los preliminares del libro que su obra no pretendía vulnerar las prerrogativas de la Medicina culta, sino instruir a los cirujanos del ejército, de los hospitales o del ámbito rural que carecían del dominio del latín pero debían atender heridos y realizar operaciones de urgencia.
Cuando un cirujano romance, o un médico que escribía para ello,) enviaba su obra a censurar, el Consejo nombraba censores que solían ser doctores o protomélicos de sólida formación académica. Confrontación de la práctica frente a la teoría: Los cirujanos romances aportaban una enorme experiencia práctica basada en la observación directa en hospitales de campaña o de heridos de guerra (como las heridas por arma de fuego o cauterizaciones), mientras que los censores evaluaban el texto con el prisma de la medicina clásica (Galeno, Avicena y la teoría de los humores). Defensa de las innovaciones: Las técnicas quirúrgicas rompedoras o los métodos que contradecían a los clásicos —por ejemplo, el debate sobre el curativo seco de las heridas o las suturas frente al aceite hirviendo— podían sufrir objeciones en los informes de aprobación si el censor consideraba que el procedimiento era arriesgado o carecía de fundamento doctrinal.
El cirujano romance que deseaba publicar su propio texto debía someterse a un nivel de escrutinio mucho mayor sobre su reputación. Los censores solían requerir que el autor acreditara años de servicio comprobables en hospitales reales, campañas militares o el examen aprobado ante el Real Tribunal del Protomedicato. Era común que el manuscrito incluyera informes o testimonios favorablemente firmados por otros cirujanos o médicos reputados antes de enviarse al Consejo, sirviendo como blindaje frente a posibles rechazos del censor oficial.
A pesar de las trabas burocráticas y el sesgo lingüístico, los tratados quirúrgicos en romance que lograban pasar el filtro y obtener la Licencia Real se vendían muy bien, porque la mayoría de la población ya estaba hablando en castellano y muy pocos conocían el latín. Obras de autores como Dionisio Daza Chacón, Juan de Arfe o los manuales de cirugía militar respondieron a una demanda masiva, permitiendo profesionalizar a miles de cirujanos romances en toda España y la América hispana.
La publicación del obra maestra del cirujano sevillano Bartolomé Hidalgo de Agüero (1530-1597), el Tesoro de la verdadera cirugía y vía particular contra la común (impreso en Sevilla en 1604), es uno de los casos más paradigmáticos de cómo la censura médica y el proceso de aprobación oficial podían retrasar, tensionar y finalmente consolidar una auténtica revolución científica en la España del Siglo de Oro.
Su caso ilustra el choque directo entre la «vía particular» (su método seco, rupturista y basado en la práctica hospitalaria) y la «vía común» (la ortodoxia médica académica heredada del galenismo tradicional).
Hidalgo de Agüero proponía una transformación radical en el tratamiento de las heridas por arma blanca. La vía común tradicional que se empleaba desde hacía mas de 3000 años, defendía que las heridas debían supurar (el famoso «pus loable») y aplicaba ungüentos, mechas, aceite hirviendo y dilataciones dolorosas.
El via común o Per primam o de Primera intención que Bartolomé Hidalgo de Agüero demostró en el Hospital Cardenal de Sevilla, que aproximando los bores de la herida de inmediato, limpiándola y manteniéndola seca con compresas de vino y vinagre, las heridas cicatrizaban por primera intención, reduciendo drásticamente la mortalidad. Esta propuesta desafiaba tres siglos de dogma médico, por lo que el manuscrito no era visto por los censores como un simple manual de técnica, sino como una doctrina que acusaba indirectamente de mala práctica a la medicina oficial.
Un año antes de morir de Bartolomé Hidalgo de Agüero inicia el largo y complejo proceso burocrático ante el Consejo Real de Castilla y las autoridades de Sevilla para obtener las licencias de impresión que tuvo que terminar su yerno Francisco Ximenez Guillen
Para que el Consejo concediera la Licencia Real, el texto fue sometido a la censura previa de peritos médicos oficiales.
Durante la Edad Moderna en España (siglos XVI al XVIII), el Rey no cobraba un único impuesto sobre los libros impresos, sino un conjunto de derechos reales, tasas de inspección y figuras fiscales indirectas que gravaban todo el proceso editorial, desde la concesión de licencias hasta la puesta en venta.
Las principales cargas fiscales y derechos económicos vinculados a la imprenta y al libro que terminaban en las arcas del Rey o de la Corona eran las siguientes:
El Pago por la expedición de Licencias y Privilegios (Derechos de Cancelaria). Para que el Consejo Real de Castilla u otros consejos regios expidieran la Licencia de impresión y el Privilegio Real (monopolio de venta), el autor o impresor debía pagar los derechos de sello y expedición en la Escribanía del Consejo y la Real Chancillería. No era un porcentaje sobre el precio final del libro, sino una tasa fija por documento firmado y sellado con el Sello Real. Sin el pago de estos derechos administrativos, la cédula de licencia no se entregaba.
La Tasa y el impuesto del papel gravado. Aunque la Tasa en sí no era un impuesto sino la fijación oficial del precio máximo de venta (calculado en maravedíes por pliego), la Corona ejercía un control fiscal sobre la materia prima básica: el papel. Toda la fabricación e importación de papel para imprenta estaba gravada por la alcabala (el impuesto indirecto más importante de la Corona de Castilla sobre las ventas y permutas).
En los casos de libros impresos sin autorización real, las penas pecuniarias aplicadas, como las multas fijadas en miles de maravedíes y la confiscación total de bienes e imprentas no iban a los censores, sino que se ingresaban directamente en la Cámara Real (la hacienda particular del monarca).
En la producción editorial de los siglos XVI y XVII en España y el resto de Europa, el papel constituía el coste más elevado con diferencia, representando habitualmente entre el 50% y el 75% del coste total de fabricación de un libro. Los costes de encuadernación no se incluían en este cálculo, ya que los libros se vendían en rama (pliegos sueltos plegados) y el comprador encargaba la encuadernación por su cuenta.
